La Contraloría General de la República advirtió al Gobierno Nacional sobre el riesgo de un racionamiento de energía en Colombia debido a una deuda acumulada de $7,6 billones por subsidios y otros conceptos relacionados con el suministro de electricidad y gas. La alerta resalta que los pagos pendientes afectan directamente a las empresas prestadoras del servicio y podrían impactar a millones de familias en los estratos más bajos.
El organismo de control destacó que el principal problema radica en la falta de giros para cubrir la Opción Tarifaria y los subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3, lo que podría traducirse en un aumento de las tarifas para los hogares más vulnerables. Según el contralor Carlos Hernán Rodríguez, “esta situación no solo pone en riesgo la prestación del servicio, sino que también amenaza con desmonte de subsidios y un posible daño al patrimonio estatal”.
Para abordar esta problemática, la Contraloría convocó a una reunión de alto nivel con los ministros de Minas y Energía, y Hacienda, además de representantes de la Procuraduría General de la Nación y los gremios del sector energético. El objetivo es diseñar un plan de acción que permita solventar el déficit y garantizar el abastecimiento energético nacional.
El Comité Intergremial de Energía y Gas alertó que, del total de la deuda, $2,7 billones corresponden al Presupuesto General de la Nación, $3,3 billones a la Opción Tarifaria y $628.000 millones al uso de gas natural. Este panorama no solo afecta a las empresas prestadoras de servicios, sino también a la capacidad del Estado para impulsar nuevos proyectos de energía necesarios para atender la creciente demanda.
La deuda acumulada podría generar incrementos en las facturas de los usuarios y limitar el acceso a servicios básicos para las familias de ingresos bajos. Además, la falta de liquidez en las empresas del sector compromete la estabilidad del sistema energético del país, según enfatizó el informe de la Contraloría.
“La seguridad energética es una prioridad. Cubrir estas deudas debe ser una obligación corriente y no se puede postergar, ya que las consecuencias serían catastróficas para millones de colombianos”, indicó la entidad.
La Contraloría hace un llamado urgente al Gobierno para evitar un colapso en el suministro de energía y gas, y reitera la necesidad de claridad sobre las medidas que se tomarán para cubrir el déficit acumulado.
FUENTE QUINDIONOTICIAS.COM
