El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó este miércoles los recursos de nulidad interpuestos por la defensa del presidente Gustavo Petro y otros implicados en la investigación por presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022. Con esta decisión, el proceso investigativo, que estaba suspendido mientras se resolvía la petición, se reanuda con una agenda ajustada debido a los plazos legales.
En la Sala Plena, la votación fue de 6-3 en contra de la nulidad. Los magistrados Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, junto a Altus Baquero, cercano al Partido Liberal, salvaron su voto. La defensa del mandatario argumentaba que el caso debía ser remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por competencia, pero la mayoría del tribunal ratificó su facultad para investigar la presunta violación de topes electorales.
El proceso había quedado en pausa mientras el CNE evaluaba la nulidad, lo que retrasó varias etapas. Ahora, se entra en la fase de práctica de pruebas, con un plazo inicial de tres meses prorrogable por dos más. Dado que el proceso administrativo solo permite tres años para una decisión en primera instancia, el límite para un eventual archivo por vencimiento de términos sería entre junio y agosto de 2025, dependiendo de la fecha exacta que se tome como referencia.
En octubre de 2024, el CNE imputó cargos a la campaña del presidente Petro tras una revisión detallada del expediente. Sin embargo, la notificación de la decisión tardó, generando nuevas demoras en el cronograma procesal. La defensa presentó descargos y luego solicitó la nulidad, lo que extendió aún más el proceso hasta la actual reanudación.
La investigación del CNE no implica la destitución del presidente, ya que esta es una facultad exclusiva del Congreso. En caso de comprobarse las irregularidades, las sanciones serían administrativas, como multas o la devolución de los recursos de reposición de votos. No obstante, si el tribunal encuentra méritos, podría remitir el caso a la Comisión de Acusación, instancia que tiene la potestad de iniciar un juicio político.
El expediente señala que la campaña de Petro habría superado los topes electorales en más de $5.355 millones, con irregularidades en la contratación de servicios de transporte con la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI). Como responsables de la campaña están investigados el presidente Petro, el exgerente de campaña Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol), la tesorera Lucy Aydee Mogollón, los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, así como los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica.
Ahora, la investigación avanza a contrarreloj. La etapa de pruebas debe completarse antes de junio, seguida por los alegatos de conclusión y la decisión final del tribunal. Si los plazos se extienden al máximo, el caso podría archivarse por vencimiento de términos, lo que significaría el cierre del proceso sin una decisión de fondo.
Mientras tanto, el presidente Petro ha cuestionado públicamente la investigación, denunciando un supuesto intento de golpe de Estado en su contra. Sin embargo, el CNE insiste en que su labor es de carácter administrativo y no afecta la permanencia del mandatario en el cargo
FUENTE QUINDIONOTICIAS.COM
